Quisieron vender la casa donde ocurrió la "Masacre de Monte Grande" en la dictadura
Organismos de derechos humanos repudiaron el intento de venta de un chalet de Monte Grande que fue escenario de una masacre por parte de la última dictadura militar en 1977. El próximo 13 de mayo, la Justicia inspeccionará la vivienda y decidirá cuál será su futuro.
En el 1151 de la Avenida Boulevard Buenos Aires, oculta detrás de dos locales comerciales, existe una casa con una terrible historia. La noche del 23 de mayo de 1977, personal del Ejército, entre ellos soldados conscriptos que entonces cumplían el Servicio Militar Obligatorio en el Regimiento de Infantería 3 de La Tablada, fusilaron a 16 personas, que se encontraban detenidas en el centro clandestino de detención "El Vesubio", en lo que hoy se conoce como "La masacre de Monte Grande".
El colectivo de organizaciones que integra la Mesa de DDHH de Esteban Echeverría y Ezeiza repudió “enérgicamente la reciente puesta en venta de la propiedad donde el 24 de mayo de 1977 se llevó a cabo el fusilamiento de 16 compatriotas en un aberrante suceso conocido como la ‘Masacre de Monte Grande’, postularon a través de un comunicado.
Al enterarse de esta situación, Pablo Llonto, uno de los abogados querellantes en la instrucción de la causa que investiga el hecho, insistió ante el juez Rafecas para que el inmueble sea “protegido” con una medida de no innovar. Con el fin de analizar “la viabilidad” de la medida requerida por el abogado, el Juzgado Federal N°3 -a cargo del Juez Daniel Rafecas- ordenó la realización de una “inspección ocular” en el lugar el próximo 13 de mayo a las 11.
Según comunicó Llonto al diario Página12, la medida ordenada es “de una importancia vital” para “ver quién está ocupando la casa, qué relación hay entre esa casa con los servicios de inteligencia, el Ejército, por qué se usó esa casa para preparar una masacre”, remarcó y destacó que “se pone en marcha nuevamente la investigación, ojalá que esta vez sea decisiva”.
En tanto, la Mesa de DDHH de Echeverría y Ezeiza insistió a las autoridades municipales, provinciales y nacionales para que declaren el lugar como sitio de memoria. "El primer paso es declararlo como sitio para preservarlo", apuntó Alicia Perelló, integrante del Observatorio de Derechos Humanos de Esteban Echeverría.
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